El gobierno español libró ayer la batalla de la defensa del español en las instituciones comunitarias. Finalmente, y tras años de debates, anoche se acercaron posturas entre los países para crear una nueva patente europea que será traducida a sólo tres idiomas (inglés, alemán y francés), pese a las presiones ejercidas por España e Italia, aunque la decisión final se pospuso a diciembre.
La idea de esta patente, que partió de la Comisión Europea, es que para ahorrar costes a las empresas, que ahora tienen que registrar una patente en cada país europeo en cada uno de sus idiomas respectivos, este trámite se hiciera sólo en los tres idiomas antes mencionados.
La cuestión, que tiene un fundamento economicista sólido, chocó de plano con la sensibilidad de una serie de países, entre ellos España e Italia, que se quejan amargamente desde hace años del retroceso que están sufriendo sus respectivas lenguas en detrimento del enorme avance del inglés, el alemán y el francés, aunque con especial predominio del primero.
El español, discriminado
Los argumentos de España, defendidos ayer en Bruselas por el secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, es que la última versión de la propuesta para la creación de la patente europea discrimina al español. «La presidencia belga ha hecho un esfuerzo importante que le reconocemos, ha dado pasos y recogido algunas de las cosas que le hemos planteado, pero es insuficiente porque la base de partida es la de un sistema de tres lenguas de procedimiento sobre la patente, y por tanto es discriminatoria». La cuestión de fondo, en realidad, es la vieja batalla de los países europeos en los que no se habla ni inglés, ni francés ni alemán. Estos han perdido posiciones lingüísticas en Europa fruto, entre otras cosas, del enorme coste que supone mantener toda la compleja arquitectura institucional en las 23 lenguas oficiales de la Unión Europea.
Y como ejemplo valgan los 37,8 millones de euros que se gastó el Parlamento Europeo en 2008 en los sueldos de los 264 intérpretes que tenía en plantilla. La Eurocámara cuenta además con 700 traductores de los textos legislativos y 2.500 intérpretes externos a los que recurre en situaciones de elevada demanda. No hay que olvidar que las 23 lenguas oficiales que existen en la Unión Europea dan lugar a 506 combinaciones lingüísticas diferentes, aunque lo más habitual es que se utilice una lengua vehicular para hacer la interpretación, de tal modo que se reducen las combinaciones posibles.En todo caso, esta inmensa estructura tiene un elevado coste que, en tiempos de grave crisis económica como la actual, no ha pasado desapercibido a algunos países. De hecho Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Eslovenia y Suecia enviaron una carta a la Comisión Europea en la que le pedían que estudiara la posibilidad de lanzar una cooperación reforzada sobre la patente por considerar que «es imperativo no retrasar los avances en una Europa más innovadora».
La Presidencia belga reconoció anoche que la unanimidad no era posible y abrió la puerta a la cooperación reforzada, extremo que se decidirá en el Consejo de diciembre.
La idea de esta patente, que partió de la Comisión Europea, es que para ahorrar costes a las empresas, que ahora tienen que registrar una patente en cada país europeo en cada uno de sus idiomas respectivos, este trámite se hiciera sólo en los tres idiomas antes mencionados.
La cuestión, que tiene un fundamento economicista sólido, chocó de plano con la sensibilidad de una serie de países, entre ellos España e Italia, que se quejan amargamente desde hace años del retroceso que están sufriendo sus respectivas lenguas en detrimento del enorme avance del inglés, el alemán y el francés, aunque con especial predominio del primero.
El español, discriminado
Los argumentos de España, defendidos ayer en Bruselas por el secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, es que la última versión de la propuesta para la creación de la patente europea discrimina al español. «La presidencia belga ha hecho un esfuerzo importante que le reconocemos, ha dado pasos y recogido algunas de las cosas que le hemos planteado, pero es insuficiente porque la base de partida es la de un sistema de tres lenguas de procedimiento sobre la patente, y por tanto es discriminatoria». La cuestión de fondo, en realidad, es la vieja batalla de los países europeos en los que no se habla ni inglés, ni francés ni alemán. Estos han perdido posiciones lingüísticas en Europa fruto, entre otras cosas, del enorme coste que supone mantener toda la compleja arquitectura institucional en las 23 lenguas oficiales de la Unión Europea.
Y como ejemplo valgan los 37,8 millones de euros que se gastó el Parlamento Europeo en 2008 en los sueldos de los 264 intérpretes que tenía en plantilla. La Eurocámara cuenta además con 700 traductores de los textos legislativos y 2.500 intérpretes externos a los que recurre en situaciones de elevada demanda. No hay que olvidar que las 23 lenguas oficiales que existen en la Unión Europea dan lugar a 506 combinaciones lingüísticas diferentes, aunque lo más habitual es que se utilice una lengua vehicular para hacer la interpretación, de tal modo que se reducen las combinaciones posibles.En todo caso, esta inmensa estructura tiene un elevado coste que, en tiempos de grave crisis económica como la actual, no ha pasado desapercibido a algunos países. De hecho Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Eslovenia y Suecia enviaron una carta a la Comisión Europea en la que le pedían que estudiara la posibilidad de lanzar una cooperación reforzada sobre la patente por considerar que «es imperativo no retrasar los avances en una Europa más innovadora».
La Presidencia belga reconoció anoche que la unanimidad no era posible y abrió la puerta a la cooperación reforzada, extremo que se decidirá en el Consejo de diciembre.
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